EL CÁNCER DE LA EXTORSIÓN.
Por: Therry Fabián Torres Cárdenas.
El 26 de septiembre del presente año 2024 experimentamos un hecho sin igual en el diario vivir de muchos ciudadanos y ciudadanas de Lima Metropolitana y el Callao: una paralización total del transporte público. Colas interminables, horas de agonía y estrés, afectación en toda nuestra rutina común con la cuál día a día nos levantamos por un nuevo mañana, por nuestros sueños, por nuestras expectativas de vida, esperanzas o tan siquiera, por sobrevivir en medio de esta gran ciudad. Trabajadores (formales e informales) de diversos rubros y sectores económicos, servidores públicos, estudiantes universitarios, escolares, todos tuvimos un cierto grado de afectación (mayor o menor) para llegar a nuestros destinos. Y todo por un gran problema que ya estaba desde hacía rato acompañándonos, cuál sombra siniestra, pero no adoptamos mecanismos adecuados para hacerle frente o simplemente quienes no se ven involucrados lo percibían con indiferencia: las extorsiones y la organización criminal.
Estos dos delitos están sancionados en nuestro código penal peruano (Artículos. 200 y 317 respectivamente) pero a pesar de ello siguen siendo perpetrados por diversas organizaciones criminales (entre nacionales y extranjeras) que día a día aterrorizan a miles de microempresarios, comerciantes, organizaciones sociales benéficas (como las ollas comunes) y, más recientemente, ensañándose con el gremio de los transportistas. Circulaban por redes sociales videos donde se veía como presionaban y aterrorizaban a los choferes, cobradores, personal administrativo y usuarios de las empresas particulares de transporte. Hace dos días incluso llegaron a matar a un chofer de combi por negarse a pagar un cupo de 7 soles. De no creer!!!
La realidad, desgraciadamente, supera a la ficción. Este problema que, por la informalidad existente en la urbe limeña (pues no contamos, como otras capitales de nuestro mismo continente, con un sistema de transporte público integrado, organizado y moderno, salvo por el tren eléctrico del gobierno del expresidente Alan García), el avance de la criminalidad organizada peruana y transnacional, la precariedad laboral, el aumento en el costo de vida, agudizándose por una ineficaz respuesta y estrategia de combate e inteligencia por parte de los sectores del Ministerio del Interior, de Defensa, PCM y el Congreso de la República tanto de esta gestión como de las anteriores (por ejemplo, el fallido «Plan Boluarte») finalmente estalló ayer, dándonos a entender una cosa: estamos dejando que las mafias de extorsionadores ganen terreno, establezcan las nuevas condiciones y reglas del juego, despreciando nuestro marco jurídico y ordenamiento que nuestro Estado ha establecido. Tenemos este cáncer en estado benigno, pero por no prevenir y actuar, está llegando gradualmente a tornarse maligno, y todos lo pagaremos caro. Como México y Colombia, estamos llegando a esos extremos en inseguridad y criminalidad.
La libertad de empresa como derecho económico es fundamental en una economía social de mercado como la nuestra, pero yo me pregunto: ¿De qué libertad de empresa podemos hablar ahora, cuando hay transportistas, negocios y comerciantes que no pueden trabajar, ganar dinero o constituir empresas efectivas por pagar cupos injustos y por someterse al capricho deleznable de delincuentes desconsiderados con el valor intrínseco de la vida humana y el trabajo digno? ¿Se puede hablar de un progreso de la industria nacional o de una calidad de servicios para el consumidor cuando a uno lo matan por no querer ceder parte de las ganancias obtenidas honestamente con el sudor de su frente y tiene miedo de poder emprender, sin crear puestos de trabajo? Por supuesto que NO.
Lo del 26 de setiembre fue solo un preludio, un presagio de lo que nos puede pasar a futuro si nuestras autoridades no toman cartas en el asunto y actúan con estrategia e inteligencia coordinada. Como dije, aún estamos a tiempo de corregir este error y cambiar. Llego la hora de tomar conciencia y actuar.